{"id":6845,"date":"2023-07-10T07:33:04","date_gmt":"2023-07-10T07:33:04","guid":{"rendered":"https:\/\/en.amec.es\/?p=6845"},"modified":"2023-10-19T09:06:14","modified_gmt":"2023-10-19T09:06:14","slug":"el-canal-de-denuncias-interno-una-nueva-obligacion-para-entidades-con-mas-de-50-empleados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/en.amec.es\/index.php\/2023\/07\/10\/el-canal-de-denuncias-interno-una-nueva-obligacion-para-entidades-con-mas-de-50-empleados\/","title":{"rendered":"El canal de denuncias interno, una nueva obligacion para entidades con m\u00e1s de 50 empleados"},"content":{"rendered":"
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10 de julio de 2023<\/strong><\/div>\n
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El canal de denuncias en las empresas es una herramienta que, si bien nace para prevenir delitos en el seno de las organizaciones. Desde el pasado 13 de junio, las organizaciones espa\u00f1olas de m\u00e1s de 250 empleados y las entidades del sector p\u00fablico est\u00e1n obligadas a disponer de este canal interno que asegure a los informantes un entorno de comunicaci\u00f3n segura, confidencial o incluso an\u00f3nima con la organizaci\u00f3n. Las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas con m\u00e1s de 50 empleados y municipios de menos de 10.000 habitantes disponen de tiempo hasta el 1 de diciembre para adoptar estas medidas. As\u00ed lo recoge la nueva Ley de Protecci\u00f3n de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de la Lucha contra la Corrupci\u00f3n aprobada con dos a\u00f1os de retraso con respecto al plazo previsto para la transposici\u00f3n de la directiva europea.<\/p>\n

Esta norma parte de la premisa de que la principal fuente de informaci\u00f3n de posibles irregularidades o de conductas directamente contrarias a la ley, vendr\u00e1 de las personas que se encuentran en la primera l\u00ednea de la organizaci\u00f3n (grupos de inter\u00e9s). La funci\u00f3n de la herramienta no es solo proteger al alertador, sino que tambi\u00e9n es la de ofrecer a la compa\u00f1\u00eda informaci\u00f3n de gran valor que le permitir\u00e1 prevenir y corregir conductas irregulares susceptibles de causar importantes da\u00f1os reputacionales, as\u00ed como detectar ineficiencias de negocio.<\/p>\n

Los canales \u00e9ticos han sido siempre un pilar esencial en cualquier sistema de gesti\u00f3n de compliance y, hasta la fecha, estaban tambi\u00e9n contemplados en la normativa propia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal, e incluso en relaci\u00f3n con los planes de igualdad en el \u00e1mbito laboral. Sin embargo, la nueva Ley obliga a disponer de un canal de denuncias a cualquier tipo de compa\u00f1\u00eda que cuente con m\u00e1s de 50 trabajadores y todas las organizaciones del sector p\u00fablico, responsabilizando de forma directa al \u00f3rgano de administraci\u00f3n de la implementaci\u00f3n de esta herramienta.<\/p>\n

Por todo ello, en los \u00faltimos meses las peque\u00f1as y medianas empresas han tenido que hacer un esfuerzo importante para adoptar estas nuevas e importantes medidas en materia de compliance y lucha contra la corrupci\u00f3n, pero no todas cuentan con los medios o la infraestructura necesaria. En Espa\u00f1a existen m\u00e1s de 26.000 empresas entre 50 y 250 empleados, y muchas, como hemos constatado, est\u00e1n preocupadas por la urgencia de aplicar esta normativa, para la que no est\u00e1n preparadas. Seg\u00fan un estudio que realizamos desde Grant Thornton, en 2020 el n\u00famero de empresas que dispon\u00eda de un canal de denuncias no llegaba al 10% y actualmente estimamos que est\u00e1 en el 20%.<\/p>\n

La nueva normativa al obligar a disponer de un software o plataforma para informar de irregularidades, indirectamente tambi\u00e9n obliga a contar con la infraestructura necesaria para gestionar y tramitar las denuncias (un c\u00f3digo \u00e9tico y la figura del compliance officer, como m\u00ednimo), sin las que el canal carecer\u00eda de soporte pr\u00e1ctico para su gesti\u00f3n.<\/p>\n

De la infracci\u00f3n de esta obligaci\u00f3n podr\u00edan derivarse sanciones econ\u00f3micas para la entidad de hasta 1.000.000 \u20ac y la p\u00e9rdida del derecho a recibir subvenciones y a contratar con la Administraci\u00f3n P\u00fablica. La normativa es rigurosa en cuanto a las caracter\u00edsticas que debe reunir el canal de comunicaci\u00f3n y en cuanto a la tramitaci\u00f3n que debe darse a las denuncias recibidas. En t\u00e9rminos generales, el sistema deber\u00e1 garantizar la seguridad de la informaci\u00f3n, cumplir con los requisitos de la normativa de protecci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal, estar preparado para recibir denuncias de forma an\u00f3nima, contar con un procedimiento reglado de gesti\u00f3n e investigaci\u00f3n, etc. Esta nueva Ley 2\/2023 no permite que las organizaciones utilicen herramientas que en el pasado pod\u00eda ser \u00fatiles, como cuentas de correo electr\u00f3nico o buzones f\u00edsicos en las instalaciones, pero que hoy no cumplir\u00edan con los est\u00e1ndares dispuestos en la norma.<\/p>\n

Sin embargo, la ley s\u00ed contempla la posibilidad de externalizar la gesti\u00f3n del canal de denuncias privado a terceros proveedores de este tipo de servicio. Esta posibilidad permite a la empresa cumplir con la obligaci\u00f3n de implementar un canal de comunicaci\u00f3n con los requisitos t\u00e9cnicos y procedimentales establecidos, a la vez que refuerza la independencia del canal de denuncias y ofrece a los potenciales alertadores una mayor garant\u00eda de que su denuncia va a ser tramitada de forma eficiente, profesional e independiente.<\/p>\n

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\"Joan<\/p>\n<\/div>\n

Joan Saula. Grant Thornton<\/strong><\/div>\n<\/div>\n
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